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¿Emergencia
social o emergencia financiera? Mario Hernández Álvarez |
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No nos llamemos a engaños. El gobierno nacional justificó la
declaración de Las medidas adoptadas se pueden resumir en ocho frentes: primero, el
incremento de los impuestos a los cigarrillos, las cervezas y los juegos de
azar, siguiendo la vieja tradición de nuestro Estado cantinero. Segundo, la
centralización del manejo de recursos públicos del Régimen Subsidiado,
supuestamente para evitar la corrupción en el nivel municipal y, de paso,
concentrar en el gobierno central su asignación. Tercero, la obligación
impuesta a la ciudadanía de tener que demostrar su capacidad de pago,
personal y familiar, a la hora de requerir servicios, pues la igualación de
los planes obligatorios dejará por fuera una cantidad aún indefinida de
“prestaciones excepcionales en salud”. Cuarto, la restricción del uso de la
tutela al convertirla en un riesgo financiero para las familias cuando les
sea favorable. Quinto, el control de precios de ciertos medicamentos,
aquellos que descaradamente las aseguradoras y la industria farmacéutica
recobraron con creces al Fosyga. Sexto, un nuevo apriete de clavijas a los
hospitales, para terminar de convertirlos en verdaderos negocios rentables.
Séptimo, un golpe certero a la autonomía profesional, en especial de los
médicos y los odontólogos, al someter su criterio sólo a la “evidencia
científica” y sancionar las decisiones clínicas que atiendan a la diversidad y la especificidad de los
enfermos. Y octavo, el establecimiento de plazos perentorios para el pago de
las deudas y el flujo de recursos, para proteger el negocio y garantizar la
confianza inversionista en el sector. ¿Por qué el gobierno optó por un conjunto de medidas que en apariencia
golpean a todos los actores del sistema? La respuesta puede confundirnos.
Parece un gobierno de mano dura que por fin puso en cintura a todos los
agentes para obligarlos a cumplir sus deberes. Esto es cierto, si se entiende
la lógica fundamental del Sistema. Pero no es conveniente para la salud de los
colombianos. La lógica no es otra que la del modelo de “competencia regulada
con subsidio a la demanda”, adaptado a rajatabla a la realidad nacional.
Desde este modelo, los sistemas de salud son un conjunto de servicios de
atención de las enfermedades o “prestaciones” que se transan en los mercados.
Ellas tienen un precio que los mercados definen, pero cuando se dejan operar
libremente, generan problemas tan serios como la exclusión sistemática que
hoy existe en Estados Unidos. Por eso, una regulación gubernamental que ponga
ciertos límites a los agentes del mercado, debe ser suficiente para disminuir
los efectos indeseables. Como complemento está el “subsidio a la demanda”, para que los pobres,
uno por uno, puedan entrar a ese mercado. Tal es el fundamento del Régimen
Subsidiado. Pero, para justificar el subsidio es necesario que el derecho a
la atención médica esté atado a la capacidad de pago de las personas. Sólo
los que demuestren no contar con recursos para pagar su aseguramiento podrán
recibir subsidio. El resto, es decir, todo el que tenga algo con qué pagar,
debe pagar. Primero, pagar la cotización mensual obligatoria para entrar al
Régimen Contributivo y obtener un plan de prestaciones restringido por la
rentabilidad del negocio. Y segundo, pagar las prestaciones excepcionales de
su bolsillo o con otro seguro que conocemos en Colombia como “medicina
prepagada”. El gobierno Uribe, y todos los defensores de la “competencia
regulada con subsidio a la demanda”, están convencidos de que es la mejor opción
para el mundo entero, en especial para los pobres, como pensaba el ex
ministro Juan Luis Londoño y el consentido de Bill Gates, el ex ministro
mejicano Julio Frenk. El modelo es perfecto para cumplir dos propósitos: llevar el negocio
de la salud “a sus justas proporciones” y obtener la mayor legitimidad
posible del Estado en el uso de los recursos públicos, pues sólo se destinan
a los pobres. Y claro, también sirven para obtener votos. Pero los ciudadanos
y las ciudadanas, la academia, los profesionales de la salud y No creo que la jurisprudencia acumulada en el país, que sustentó |
[1] Médico, PhD. en Historia, Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.