A LA SALUD LE LLEGÓ LA HORA

José Girón Sierra

Febrero 2010

Sin razones que lo fundamentaran, pues nada había de imprevisto, el gobierno declaró una emergencia social con el fin de dictar decretos que le permitieran resolver la inviabilidad del sistema de salud. Estos decretos han desatado las más diversas reacciones, aun de sectores importantes de su coalición de gobierno, colocando al Uribismo y sus pretensiones de mantenerse en el poder en grandes dificultades.

Fueron necesarios 17 años parta que el país corroborara lo que desde la expedición de la ley 100 muchos sectores de la salud y de la economía señalaran. Su inviabilidad no radica en la falta de recursos sino mas bien en un modelo de salud que montó toda su estructura alrededor de la enfermedad aplicando un uso irracional de la tecnología y dejando la promoción y la prevención en el papel, así mismo montó su estructura financiera en un sistema de aseguramiento que partía de la falsa idea - propia de la calentura neoliberal- de que se podrían mantener unos crecimientos del 5% o más en la economía cuando por otro lado se legislaba para precarizar el empleo y mediante sucesivas reformas laborales lanzar a la informalidad a miles de trabajadores. Todo ello, permitió, que finalmente se desataran, sin control estatal, los apetitos desmedidos de un sector privado que encontraba un nuevo nicho para enriquecerse, procediendo más bien a favorecer su lógica eliminando un ente regulador como el ISS y legislando, sin vergüenza, en sucesivas contrarreformas a dicha ley, para eliminar de ella lo poco progresivo que tenía con el ánimo de afianzar la tendencia privatizadora.

Si algo develan los decretos expedidos es que allí no había tanta improvisación, como se ha querido señalar, lo que les falló fue el cálculo sobre la reacción que ello provocaría y sus efectos en un momento en el cual la sociedad colombiana se prepara para decidir electoralmente su futuro. Reducido el ISS a su mínima expresión como estrategia deliberada desde el gobierno, lo que quedaba era proponer una alternativa que satisficiera a la Corte Constitucional en su exigencia de acabar con planes diferenciados, garantizar pagos oportunos por parte del sistema y crear las condiciones para que se abriera un mercado importante para el sector de seguros en tanto los sectores medios, amenazados con perder sus casas y sus cesantías, se vieran obligados a comprar un reaseguro en salud, allí está el meollo de la intencionalidad de los decretos de emergencia, con ello quedaba sin duda culminada la tarea.

Pero no obstante ello, debe saludarse que por fin la salud vuelva a ocupar un lugar de privilegio como tema en el desarrollo de la opinión nacional y el momento es sin duda el más oportuno, ojalá sea aprovechado por la academia , los trabajadores de la salud, los partidos políticos que defienden y quieren desarrollar la Constitución del 91, como el mejor acuerdo garantista que se haya concretado en la historia colombiana, ésta es una bandera que no puede quedar en manos de quienes han gestado por acción o por omisión la crisis que nos ocupa. Aun entre sectores de la coalición de gobierno se viene proponiendo la necesidad de una reforma profunda a la salud oponiéndose a un remiendo más y es allí donde resulta absolutamente pertinente que entremos en un terreno propositivo.

Propuestas como entrar a plantear un modelo de salud que tenga como centro la promoción, la prevención y la salud familiar , un sistema de financiación estructurado sobre la base de un impuesto universal obligatorio, la recuperación de un sistema público de seguridad social y de salud que sirva de regulador en un sistema de prestación de servicios en donde quepa el sector privado, pero marginado de la administración de los recursos públicos en salud, la creación de un organismo que, con la presencia importante de la academia, asesore al sistema en ciencia y tecnología en salud, penalizar los delitos de corrupción en el sistema de salud con la misma severidad como las penas de quienes atentan contra la vida, volver a reinstalar el Ministerio de Salud y de seguridad social como el garante público del derecho a la salud y darle las herramientas para que la Superintendencia en salud cumpla el papel que le corresponde y finalmente, que la construcción de la política en salud obedezca a patrones y criterios territoriales (recursos, epidemiología) pues las necesidades y las prioridades no son las mismas en un territorio tan diverso como el colombiano.