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Legislar para el negocio. Ahora los "planes voluntarios
de salud"
Mauricio Torres-Tovar, Edición 164 Desde abajo
Con el mensaje de urgencia para los proyectos de
reforma en salud dado al comienzo de esta legislatura por parte del gobierno
de Santos, nos encontramos ad portas de un conjunto de reformas, con la
seguridad de que serán aprobadas antes de concluir este año.
Esto se da en un marco de desaprobación de sectores sociales y gremiales por
el carácter de las reformas, y además en un ambiente de desprestigio del
Congreso por las denuncias en torno a las relaciones estrechas entre
parlamentarios que impulsan estas reformas con las EPS, instituciones que
saldrán más beneficiadas de tales cambios.
Como se presentó en la edición de desde abajo de octubre de este año*, hay un
conjunto de iniciativas de orden constitucional, estatutario y ordinaria que
impactarán sobre la política de salud, profundizando el enfoque de mercado,
marginando aún más la posibilidad de una real garantía del derecho a la salud
en el país, en contravía del clamor y las aspiraciones de la sociedad
colombiana expresada a través de la gran movilización social de comienzos de
2010 contra de emergencia social en salud.
Reforma a la Ley 100: otro retoque
Igual que la experiencia de reforma a la Ley 100 que se tuvo en 2007, se
presentó un número importante de proyectos de ley que en su mayoría apuntan a
un conjunto de ajuste de esta ley y no a configurar realmente un nuevo
sistema de salud por fuera del marco del aseguramiento individual a la
enfermedad.
En estos momentos ya hay un proyecto que acumuló los Proyectos de Ley 01, 95,
143, 147, 160, 161 y 182 de 2010-Senado y los Proyectos 035, 087, 106, 111 y
126 de 2010-Cámara, “por medio del cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
Lo que resta en términos de la mecánica parlamentaria es la discusión en
plenaria del Senado y Cámara de este proyecto de ley acumulado, que consta de
145 artículos.
El proyecto hace énfasis en la estabilidad financiera del sistema de salud,
marcando los temas de financiación. Define, entre otros asuntos, que un
cuarto (0,25 por ciento) de punto de la contribución parafiscal al pago de
salarios a favor de las Cajas de Compensación se destinará a financiar el
régimen subsidiado, con lo cual se da un paso que se pensaba varios años
atrás, reduciendo aún más los recursos de los programas sociales para los
afiliados y sus familias que desarrollan las Cajas.
El proyecto deja claro que hay un paquete de servicios de salud (POS), que es
lo que recibirán los usuarios. El proyecto plantea que el POS deberá ser
actualizado cada dos años, que la igualación entre POS contributivo y POS
subsidiado se realizará gradualmente, y no como lo exige la Sentencia T-760
de 2008, de la Corte Constitucional.
Incorpora la estrategia de atención primaria en salud (APS), entendiéndola
como el primer nivel de atención, que conlleva acciones preventivas,
individuales y colectivas, ofrecidas por las EPS. Esto instrumentaliza y
subordina la APS a la lógica del mercado, quitándole su potencia
poblacional/territorial y su capacidad para afectar los determinantes de la
salud y ser puerta de entrada al sistema de salud, rompiendo barreras que
impiden la garantía del derecho a la salud.
Igualmente, incorpora el concepto de portabilidad nacional, lo que implica
que las EPS deberán garantizar el acceso a los servicios de salud a los
usuarios en cualquier parte del territorio nacional, asunto que desde hace
muchos años ha sido demandado por la ciudadanía, en especial por la población
en condiciones de desplazamiento.
El proyecto autoriza los “planes voluntarios de salud”, que podrán incluir
coberturas asistenciales o económicas que se relacionan con los servicios de salud.
El proyecto deja explícito que el gobierno nacional estimulará la creación,
el diseño, la autorización y la operación de planes voluntarios y seguros de
salud individuales y colectivos que ofrezcan beneficios no incluidos en el
POS.
Sin lugar a dudas, acá está la almendra de la reforma, por cuanto se avanza
en establecer un POS limitado para eludir el cubrimiento de los eventos NO
POS, quedando por tanto un montón de aspectos de medicina, odontología,
terapias, medicamentos y procedimientos por fuera, para que sean adquiridos
por nuevos paquetes de seguros. Es decir, como a las EPS no les ha bastado
con enriquecerse mediante el negocio del POS, ahora lo amplían por la vía de
lo que llaman eufemísticamente “planes voluntarios de salud”, ¡claro! todo a
expensas de una falta de garantía del derecho a la salud de la población.
Y para ajustar el proyecto de reforma, se reduce aún más la participación de
los usuarios en los aspectos de intervención en las decisiones del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, como, por ejemplo, limitándola a un
representante de los usuarios en las juntas directivas de las ESE, o
sacándola de los comités técnico-científicos de las EPS.
Otras dos iniciativas: completar el círculo de la
ganancia
Otros dos aspectos de las iniciativas que se mueven paralelamente en el
Congreso para su aprobación son: un proyecto de acto legislativo que busca
modificar la Constitución Política para establecer el derecho a la
sostenibilidad fiscal y un proyecto de ley estatutaria en salud.
Con estas dos iniciativas, se logra cerrar el círculo de iniciativas en el
camino que quieren los negociantes de la salud: una reforma fiscal que
subordina la garantía de los derechos sociales a la estabilidad fiscal, con
lo cual quiebran la acción de tutela y las decisiones de la Corte
Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud. Por el lado de
la ley estatutaria en salud, establecen que el derecho a la salud es igual
sólo a POS.
Es decir, asimismo cierran el círculo al conseguir definir en un plano
constitucional, estatutario y ordinario que el Sistema de Seguridad Social en
Salud sólo garantice un POS muy limitado, que no es posible ir más allá de él
por la vía de la tutela, bien porque la ley estatutaria define que el derecho
a la salud es sólo POS, bien porque la estabilidad fiscal lo impide, y se
cierra con el negocio de nuevos paquetes de aseguramiento. A la EPS que
quiera más que le piquen caña.
Este panorama es desconcertante, en la medida en que el gobierno de Santos,
con su fachada de algo nuevo, logra concretar las iniciativas de la
emergencia social en salud contra las que se peleó ampliamente a comienzos de
2010, sólo que ahora lo hace en una mejor condición al instalarlas en un
orden constitucional, estatutario y ordinario, favoreciendo los intereses de
los actores que intervienen desde una perspectiva de lucro, en clara
contravía de la garantía del derecho a la salud para la población colombiana.
En este contexto, el próximo período debe fortalecer los procesos de
resistencia social en contra de este modelo privatizado de salud, bajo la
idea de fortalecer las experiencias y las iniciativas de carácter alternativo
que permitan acumular fuerzas necesarias para dar una próxima batalla contra
los mercaderes de la salud en mejores condiciones. La situación de lucro con
la salud, a expensas de la vida y el bienestar de la gente, no puede ser ni
van a ser eterna.
Por Mauricio Torres-Tovar, M.D.
Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social y de la
Asociación Latinoamericana de Medicina Social - ALAMES
* Re-emergencia social en salud. Desde abajo Nº 162, pp. 2,
3, 5, octubre de 2010.
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